Por: Ronald Ortiz, Beatriz Villanueva, Jhovanna Ocampo y Andrea Espadas
La idea básica de la propuesta es crear un camino a la ciudadanía para alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados (que ingresaron antes del 31 de diciembre de 2011), no sin antes recrudecer las medidas de seguridad en la frontera. Se trata pues de una propuesta de reforma ambivalente que merece ser analizada en sus dos aristas.
Seguridad fronteriza
La reforma contempla incrementar el uso de aviones automáticos sin tripulación (drones) con fines de vigilancia, emplazar a 3, 500 nuevos agentes en la frontera localizados en y entre los puertos de entrada y aumentar los equipos de vigilancia.
Se fija como meta la deportación del 90% de los migrantes que crucen la frontera mediante un enjuiciamiento y deportación express similar a la Operación Streamline que opera en Arizona y Texas: en menos de una hora, los migrantes son presentados ante un juez esposados de pies y manos, sentenciados en algunos casos hasta 85 días de cárcel para después ser deportados.
Los acusados tienen escaso acceso a abogados y apenas una oportunidad para disputar los cargos, en la mayoría de los casos sin seguir el procedimiento contemplado por el derecho internacional que exige la intervención de los consulados mexicanos.
Si en un periodo de 5 años no se cumple la meta de deportación, la propuesta contempla dejar en manos de los estados sureños la seguridad fronteriza a través de la creación de una Comisión. Si revisamos el historial de las políticas migratorias estatales encontraremos desde leyes que criminalizan la migración hasta prácticas como la “deportación médica” que nos hacen pensar que este escenario no será menos desfavorable para el migrante.
Ciudadanía
El camino a la ciudadanía descrito en la propuesta de reforma establece que durante el tiempo en que las nuevas medidas de seguridad en la frontera están en proceso de ser implementadas, los migrantes indocumentados podrán registrarse, pasar el registro de investigación de su record criminal y pagar las multas e impuestos atrasados, para así ganar la oportunidad de aplicar para un “estado legal provisional”.
Una vez que las medidas de seguridad estén implementadas, los migrantes con “estado legal provisional” podrán aplicar para la residencia permanente. Estos candidatos tendrán fechas de prioridad detrás de aquellos que ya estén en el sistema anteriormente, esto será posible siempre y cuando puedan probar su historia de empleo, conocimiento del idioma inglés y conocimiento cívico.
Defensores de los derechos de los migrantes han señalado que para proveer una reforma integral, no solamente debe haber un camino a la ciudadanía para los indocumentados, sino que ese camino debe estar libre de obstáculos.
La reforma así propuesta no establece tiempo límite en el que los migrantes pueden superar el “estado legal provisional”, es decir, podrían estancarse en ese estatus por tiempo indefinido, cuestión que a todas luces causara nuevos problemas.
Lo menos malo
Por otra parte, la propuesta de reforma migratoria plantea aspectos positivos. Habrá una extensión del programa de visas H-1B para catedráticos, atletas e investigadores.
La nueva visa W apoyará a los empleados menos calificados y otro sistema de visado permitirá que los trabajadores agrícolas puedan solicitar su tarjeta verde unosaños después de residir y trabajar en Estados Unidos.
Así, la reforma reconoce parcialmente la demanda estadounidense de migrantes pero es carente de integralidad al dejar de poner en el centro de la discusión los derechos y necesidades de los mismos. Habrá que esperar la evolución del debate.
Sigue a: @RonaldOrtizG
