La Reforma del Estado no implica necesariamente una reingeniería, ni reestructuración total, en muchas ocasiones esto significa más problemas que soluciones, tanto por lo costoso como por el proceso de aprendizaje que conllevaría.
Es necesario entender que la insuficiencia y parálisis apreciada en nuestro México no es solo producto de la falta de voluntad de nuestros gobernantes, tiene que ver también con la insuficiencia de las instituciones gubernamentales no adaptadas a la nueva realidad.
Considero que una buena Reforma del Estado para México debería de iniciar resolviendo lo planteado como retos institucionales en los 5 ejes presentados al inicio de este ensayo, es posible que la totalidad de reformas concretas signifiquen un cambio en la organización del gobierno y que a final de cuentas se refleje en los resultados del gobierno ante las demandas de la población.
La Reforma del Estado redunda siempre en la capacidad que debe tener el gobierno para responder a lo que la población espera de sus representantes.
Cambiar estas instituciones implica un esfuerzo continuo con cambios adaptativos, no puede significar una importación de métodos que hayan funcionado en otras partes sin evaluar si son óptimos para nuestra realidad como país y son adaptables.
Sin embargo, algunos analistas han propuesto una transformación hacia el parlamentarismo cuya implantación en mi opinión generaría un gran periodo de inestabilidad y gran tensión sobre nuestro sistema.
El principal problema de la implementación de un sistema parlamentario en nuestro país tiene que ver con nuestra propia cultura política. La ausencia de una figura de autoridad generaría un espacio difícil de llenar en la conciencia de la población. La rendición de cuentas se daría hacia un cuerpo difuso sin una cabeza visible.
Quienes consideran al parlamentarismo como la forma de gobierno más madura se
equivocan en que las particularidades de la realidad social y cultural no se pueden obviar.
Como tampoco soy partidario de no tomar posición, la idea de un sistema semipresidencial me es interesante. El sistema semipresidencial como una opción a largo plazo, una vez que se haya cumplido con los retos más urgentes podría considerarse.
Desde mi perspectiva, el semipresidencial es el sistema que ofrece las mayores ventajas con el menor de los costos pero esto de ninguna manera significa que sea la forma más perfecta de organización, con el tiempo todo sistema presenta nuevos problemas y retos…
Que continúe el debate de hacia dónde ir.
Alonso Ronald Ortiz García
Visita: http://www.ronald-ortiz.blogspot.com/
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jueves, 28 de julio de 2011
miércoles, 27 de julio de 2011
Apuntes sobre la Reforma del Estado III: ¿un cambio de régimen para México?
El semipresidencialismo ¿serviría para México?
Si bien es cierto que el sistema parlamentario es el mejor evaluado, para ser implementado requiere de precondiciones y tradiciones políticas más profundas, pero fortalecer el presidencialismo podría significar aumentar el mal funcionamiento del sistema en lugar de corregirlo.
La opción de ir introduciendo elementos del parlamentarismo en nuestro propio régimen, es decir, construir un semipresidencialismo adquiere entonces mayor sentido.
En las últimas décadas el país ha transitado por el debilitamiento de la institución presidencial, en un principio porque, ante la falta de controles, cayó en abusos autoritarios y posteriormente porque la transición democrática ha creado gobiernos divididos.
El semipresidencialismo ha dado resultados para la sociedad francesa, no así para algunas repúblicas de Asia Central que lo adoptaron. La adopción del sistema semipresidencial no se debe tomar a la ligera, sin embargo, México ante la discusión de la Reforma del Estado, deberá ir más allá de los meros cambios institucionales.
La situación política actual ha abierto el debate sobre la viabilidad de proveer a México de un nuevo arreglo constitucional que se ajuste a la realidad social que enfrenta la nación.
En este contexto, es posible que un sistema semipresidencialista en México favorecería la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ante el debilitamiento de la institución presidencial, puesto que incentiva la formación de coaliciones o alianzas que en México no se han logrado y provee de mecanismos constitucionales para resolver la falta de consenso que entre ellos podría desembocar en una parálisis gubernativa de gobiernos divididos.
El sistema semipresiencial mexicano deberá de contener los siguientes mecanismos: gobierno dual con Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, la revocación de mandato, el voto de confianza, la moción de censura, el referéndum, la reelección del ejecutivo y el legislativo, la modificación de los periodos de elección e incentivar la profesionalización de los legisladores permitiendo la continuidad en el proyecto de nación.
Sin embargo, es necesario enfatizar que el establecimiento de un sistema semipresidencial en México debe ser acorde a nuestras tradiciones políticas, desarrollo histórico y avance institucional.
Será necesaria una reforma constitucional y de varias leyes secundarias que sólo serán posibles con el consenso de todas las fuerzas políticas ya que se refiere a una reforma de largo alcance.
Alonso Ronald Ortiz García
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Si bien es cierto que el sistema parlamentario es el mejor evaluado, para ser implementado requiere de precondiciones y tradiciones políticas más profundas, pero fortalecer el presidencialismo podría significar aumentar el mal funcionamiento del sistema en lugar de corregirlo.
La opción de ir introduciendo elementos del parlamentarismo en nuestro propio régimen, es decir, construir un semipresidencialismo adquiere entonces mayor sentido.
En las últimas décadas el país ha transitado por el debilitamiento de la institución presidencial, en un principio porque, ante la falta de controles, cayó en abusos autoritarios y posteriormente porque la transición democrática ha creado gobiernos divididos.
El semipresidencialismo ha dado resultados para la sociedad francesa, no así para algunas repúblicas de Asia Central que lo adoptaron. La adopción del sistema semipresidencial no se debe tomar a la ligera, sin embargo, México ante la discusión de la Reforma del Estado, deberá ir más allá de los meros cambios institucionales.
La situación política actual ha abierto el debate sobre la viabilidad de proveer a México de un nuevo arreglo constitucional que se ajuste a la realidad social que enfrenta la nación.
En este contexto, es posible que un sistema semipresidencialista en México favorecería la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ante el debilitamiento de la institución presidencial, puesto que incentiva la formación de coaliciones o alianzas que en México no se han logrado y provee de mecanismos constitucionales para resolver la falta de consenso que entre ellos podría desembocar en una parálisis gubernativa de gobiernos divididos.
El sistema semipresiencial mexicano deberá de contener los siguientes mecanismos: gobierno dual con Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, la revocación de mandato, el voto de confianza, la moción de censura, el referéndum, la reelección del ejecutivo y el legislativo, la modificación de los periodos de elección e incentivar la profesionalización de los legisladores permitiendo la continuidad en el proyecto de nación.
Sin embargo, es necesario enfatizar que el establecimiento de un sistema semipresidencial en México debe ser acorde a nuestras tradiciones políticas, desarrollo histórico y avance institucional.
Será necesaria una reforma constitucional y de varias leyes secundarias que sólo serán posibles con el consenso de todas las fuerzas políticas ya que se refiere a una reforma de largo alcance.
Alonso Ronald Ortiz García
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martes, 26 de julio de 2011
Apuntes sobre la Reforma del Estado II: regímenes constitucionales
Las interacciones de los poderes en los regímenes constitucionales
Los regímenes constitucionales –presidencial y parlamentario- presentan características particulares respecto a las interacciones que se dan entre los poderes.
La característica esencial del sistema presidencial es la combinación de un presidente electo con base a sufragio universal, con un Congreso organizado en dos cámaras, también electas pero sin facultades de gobierno. El Presidente no es responsable ante el Congreso, a su vez el Congreso es indisoluble.
En contraste, en el sistema parlamentario el asiento principal de la soberanía radica en el Parlamento, por lo tanto no existe una separación orgánica del poder entre el gobierno y el Parlamento.
En el gobierno, encabezado por un Primer Ministro o Jefe de Gobierno, recaen el poder y las funciones ejecutivas, manteniéndose gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria, pero pudiendo ser destituido por medio de la noción de censura, a su vez, en caso de conflicto irresoluble el Primer Ministro puede disolver al Parlamento y celebrar nuevas elecciones.
El Primer Ministro y su gabinete están sujetos al control político a través de los mecanismos fijados por el Parlamento, generalmente: investigación, interpelación, información o requerimiento de comparecencia. Por otra parte los partidos mayoritarios contribuyen en la preparación y coordinación de la política y enlazan al Ejecutivo con el Legislativo, mientras que los partidos opositores son más críticos exigiendo mayores controles.
Existe un amplio consenso entre los estudiosos de las instituciones políticas y la ingeniería constitucional comparada respecto a que el régimen parlamentario representa la mejor opción en términos de satisfacción de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones. (Linz y Valenzuela, 1994; Lijphart, 1999; Przeworski, Alvarez, Cheibub y Limogi, 2000; Colomer; 2001)
Entre las ventajas que se mencionan al hablar del sistema parlamentario destacan la posibilidad de articular soluciones para la confrontación entre el legislativo y el ejecutivo, el hecho de que evita la parálisis del legislativo y que es generador de estabilidad política al ser producto de una amplia mayoría.
Mientras que un régimen presidencial puede producir resultados muy diversos. (Lijphart, 1992, Shugart y Carey, 1992; Sartori, 1994; Jones, 1995; Mainwaring y Shugart, 1997; Nohlen y Fernández, 1998).
Para evitar la inestabilidad política en los regímenes presidenciales se deben incorporar ciertos elementos institucionales como el bipartidismo, sistema federal, alianzas parlamentarias, control político sobre los partidos políticos, entre otros.
Revisando la historia de México pareciera que el régimen presidencial es obsoleto. Si combinamos esta observación con experiencias internacionales se podría aventurar la conclusión de que el régimen parlamentario puede ser una opción que permita articular un Sistema Político más eficiente, sin embargo existe una tercera opción que significaría modificaciones menos radicales y más consistentes con la propia identidad mexicana: la instauración de un régimen semipresidencial.
¿Cómo funciona el sistema semipresidencial?
En este sistema el presidente es autónomo, pero comparte el poder con un Primer Ministro que procede del Parlamento y debe conseguir su apoyo continuamente.
Así, el Poder Ejecutivo se divide entre un jefe de Estado -el presidente - y un jefe de gobierno - Primer Ministro. Cada uno tiene un origen distinto el presidente del voto popular y el Primer Ministro por mayoría parlamentaria. El presidente nombra a este último atendiendo al partido o a la coalición mayoritaria en el Parlamento. Así, el origen del Jefe de Gobierno se basa en la confianza simultanea del presidente y de la mayoría parlamentaria, aunque su permanencia depende en exclusiva de esa mayoría.
Es el Primer Ministro el encargado de librar la lucha política cotidiana, mientras que el Jefe de Estado mantiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos contrarios y favorece el compromiso, la negociación y la moderación de las fuerzas haciendo en ocasiones las veces de árbitro, garantizando el funcionamiento regular de las instituciones, la política exterior y las fuerzas armadas.
En palabras de Sartori (1994): “un sistema político es semipresidencial si se aplican conjuntamente las siguientes características: a) el jefe de Estado (el presidente) es electo por el voto popular -ya sea directa o indirectamente- para un periodo predeterminado en el cargo; b) el jefe de Estado comparte el Poder Ejecutivo con un primer ministro, con lo que se establece una estructura de autoridad dual cuyos tres criterios definitorios son: 1) el presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar solo o directamente, y en consecuencia su voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su gobierno; 2) de la otra parte, el primer ministro y su gabinete son independientes del presidente porque dependen del Parlamento; están sujetos al voto de confianza y/o al voto de censura, y en ambos casos requieren del apoyo de una mayoría parlamentaria, y 3) la estructura de autoridad dual del semipresidencialismo permite diferentes balances de poder, así como predominios de poder variables dentro del Ejecutivo, bajo la rigurosa condición de que el 'potencial de autonomía' de cada unidad componente del Ejecutivo subsista."
Alonso Ronald Ortiz García
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Los regímenes constitucionales –presidencial y parlamentario- presentan características particulares respecto a las interacciones que se dan entre los poderes.
La característica esencial del sistema presidencial es la combinación de un presidente electo con base a sufragio universal, con un Congreso organizado en dos cámaras, también electas pero sin facultades de gobierno. El Presidente no es responsable ante el Congreso, a su vez el Congreso es indisoluble.
En contraste, en el sistema parlamentario el asiento principal de la soberanía radica en el Parlamento, por lo tanto no existe una separación orgánica del poder entre el gobierno y el Parlamento.
En el gobierno, encabezado por un Primer Ministro o Jefe de Gobierno, recaen el poder y las funciones ejecutivas, manteniéndose gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria, pero pudiendo ser destituido por medio de la noción de censura, a su vez, en caso de conflicto irresoluble el Primer Ministro puede disolver al Parlamento y celebrar nuevas elecciones.
El Primer Ministro y su gabinete están sujetos al control político a través de los mecanismos fijados por el Parlamento, generalmente: investigación, interpelación, información o requerimiento de comparecencia. Por otra parte los partidos mayoritarios contribuyen en la preparación y coordinación de la política y enlazan al Ejecutivo con el Legislativo, mientras que los partidos opositores son más críticos exigiendo mayores controles.
Existe un amplio consenso entre los estudiosos de las instituciones políticas y la ingeniería constitucional comparada respecto a que el régimen parlamentario representa la mejor opción en términos de satisfacción de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones. (Linz y Valenzuela, 1994; Lijphart, 1999; Przeworski, Alvarez, Cheibub y Limogi, 2000; Colomer; 2001)
Entre las ventajas que se mencionan al hablar del sistema parlamentario destacan la posibilidad de articular soluciones para la confrontación entre el legislativo y el ejecutivo, el hecho de que evita la parálisis del legislativo y que es generador de estabilidad política al ser producto de una amplia mayoría.
Mientras que un régimen presidencial puede producir resultados muy diversos. (Lijphart, 1992, Shugart y Carey, 1992; Sartori, 1994; Jones, 1995; Mainwaring y Shugart, 1997; Nohlen y Fernández, 1998).
Para evitar la inestabilidad política en los regímenes presidenciales se deben incorporar ciertos elementos institucionales como el bipartidismo, sistema federal, alianzas parlamentarias, control político sobre los partidos políticos, entre otros.
Revisando la historia de México pareciera que el régimen presidencial es obsoleto. Si combinamos esta observación con experiencias internacionales se podría aventurar la conclusión de que el régimen parlamentario puede ser una opción que permita articular un Sistema Político más eficiente, sin embargo existe una tercera opción que significaría modificaciones menos radicales y más consistentes con la propia identidad mexicana: la instauración de un régimen semipresidencial.
¿Cómo funciona el sistema semipresidencial?
En este sistema el presidente es autónomo, pero comparte el poder con un Primer Ministro que procede del Parlamento y debe conseguir su apoyo continuamente.
Así, el Poder Ejecutivo se divide entre un jefe de Estado -el presidente - y un jefe de gobierno - Primer Ministro. Cada uno tiene un origen distinto el presidente del voto popular y el Primer Ministro por mayoría parlamentaria. El presidente nombra a este último atendiendo al partido o a la coalición mayoritaria en el Parlamento. Así, el origen del Jefe de Gobierno se basa en la confianza simultanea del presidente y de la mayoría parlamentaria, aunque su permanencia depende en exclusiva de esa mayoría.
Es el Primer Ministro el encargado de librar la lucha política cotidiana, mientras que el Jefe de Estado mantiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos contrarios y favorece el compromiso, la negociación y la moderación de las fuerzas haciendo en ocasiones las veces de árbitro, garantizando el funcionamiento regular de las instituciones, la política exterior y las fuerzas armadas.
En palabras de Sartori (1994): “un sistema político es semipresidencial si se aplican conjuntamente las siguientes características: a) el jefe de Estado (el presidente) es electo por el voto popular -ya sea directa o indirectamente- para un periodo predeterminado en el cargo; b) el jefe de Estado comparte el Poder Ejecutivo con un primer ministro, con lo que se establece una estructura de autoridad dual cuyos tres criterios definitorios son: 1) el presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar solo o directamente, y en consecuencia su voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su gobierno; 2) de la otra parte, el primer ministro y su gabinete son independientes del presidente porque dependen del Parlamento; están sujetos al voto de confianza y/o al voto de censura, y en ambos casos requieren del apoyo de una mayoría parlamentaria, y 3) la estructura de autoridad dual del semipresidencialismo permite diferentes balances de poder, así como predominios de poder variables dentro del Ejecutivo, bajo la rigurosa condición de que el 'potencial de autonomía' de cada unidad componente del Ejecutivo subsista."
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lunes, 25 de julio de 2011
Apuntes sobre la Reforma del Estado I: los cambios necesarios
Reforma del Estado
El Estado es algo más que el gobierno; es un sistema de continuidad legal, administrativa, burocrática y coercitiva. El Estado estructura no solo las relaciones de la sociedad con la autoridad, si no también muchas de las relaciones que se dan dentro de la sociedad misma.
La Reforma del Estado implica pues el rediseño normativo e institucional del orden político en su conjunto. Solo es posible después de un amplio debate y de un pacto social incluyente entre las distintas fuerzas políticas y bajo la aguda lupa de la sociedad.
Desde lo institucional, la Reforma del Estado puede abordarse considerando al menos 5 ejes: 1) la estructura político- electoral, 2) Derechos Humanos, 3) la relación entre Economía y Estado, 4) el Federalismo y 5) el Equilibrio entre Poderes.
La experiencia mexicana, desde hace casi 40 años, ha presentado avances importantes en los ejes de lo político electoral y Derechos Humanos, mientras que, en la última década, las orientaciones en el resto de los ejes han sido poco claras.
Pero, ¿qué es lo que se ha logrado?, y ¿qué falta por hacer?
Lo que hemos logrado y lo que falta de lo ya logrado
1.- La estructura político electoral. Se han formulado reglas que han favorecido la consolidación de la autoridad electoral, la mejor inserción de los partidos políticos en todos los niveles de la vida pública y la ampliación de los canales de representación de la ciudadanía.
A pesar de que el sistema político es cada vez más competitivo, falta avanzar en la imparcialidad de la autoridad electoral, la regulación sobre el financiamiento partidario y el mejoramiento de las reformas en materia de medios de comunicación. Falta también avanzar en la reforma de la autoridad electoral con el objetivo de reducir su costo sin perder su eficiencia y abrir la puerta a las candidaturas independientes bajo el principio de equidad.
Por otra parte, el debate sobre la implementación de los mecanismos de democracia directa no debe de estar ajeno a la Reforma del Estado: el referéndum, plebiscito y la iniciativa popular deben de ser considerados como una oportunidad de enriquecimiento de la participación ciudadana.
2.- Derechos Humanos. Se ha logrado la sistematización del irrestricto respeto a los derechos humanos a partir de la independencia de sus órganos de protección y el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales que se contemplan en la Constitución.
Falta avanzar sobre la actualización de los derechos sociales y la incorporación de los derechos denominados de tercera generación. Mención especial merece la necesidad de generar marcos jurídicos que regulen los derechos de las etnias o promuevan su armonización con el derecho estatal.
Asignaturas Pendientes
3.- Relación entre Economía y Estado. Se requiere formular reglas que combinen la garantía de una economía abierta con la claridad en el cumplimiento de las obligaciones sociales y económicas del Estado. El Estado parece haber abandonado la obligación de crear condiciones adecuadas para establecer un sistema económico y social más justo.
4.- Federalismo. En el plano del federalismo y la autonomía municipal, en el diseño debe considerarse la posibilidad del federalismo mismo que a su vez posibilite la armonización y desarrollo de las distintas regiones de la República. Es necesario cambiar el actual esquema de sujeción de los estados respecto a la Federación, sobre todo en materia financiera y política respondiendo también a nuevos fenómenos como el de las zonas metropolitanas.
5.- Equilibrio entre Poderes. Es necesario establecer mecanismos que incentiven la cooperación entre el Congreso y el Ejecutivo para evitar las situaciones de empate que demoran la toma de decisiones. Debatir sobre la conveniencia de reelección en el caso de legisladores de la Unión y devolver a las entidades federativas la facultad de decidir sobre esa alternativa en su propio ámbito territorial. Por otra parte, es necesario fortalecer el poder Judicial para reducir la injerencia de los otros poderes.
¿Un cambio de régimen?
No obstante existe una institución que exige un estudio más a fondo, la institución presidencial respecto a la su interacción con otros poderes.
La discusión constitucional sobre un posible cambio de régimen hacia un sistema presidencial modificado, parlamentario o semipresidencial, es el planteamiento de la Reforma del Estado que debe de abordarse con mayor profundidad ya que representaría una solución integral a los retos que enfrenta México y enfrentará en un futuro.
Alonso Ronald Ortiz García
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El Estado es algo más que el gobierno; es un sistema de continuidad legal, administrativa, burocrática y coercitiva. El Estado estructura no solo las relaciones de la sociedad con la autoridad, si no también muchas de las relaciones que se dan dentro de la sociedad misma.
La Reforma del Estado implica pues el rediseño normativo e institucional del orden político en su conjunto. Solo es posible después de un amplio debate y de un pacto social incluyente entre las distintas fuerzas políticas y bajo la aguda lupa de la sociedad.
Desde lo institucional, la Reforma del Estado puede abordarse considerando al menos 5 ejes: 1) la estructura político- electoral, 2) Derechos Humanos, 3) la relación entre Economía y Estado, 4) el Federalismo y 5) el Equilibrio entre Poderes.
La experiencia mexicana, desde hace casi 40 años, ha presentado avances importantes en los ejes de lo político electoral y Derechos Humanos, mientras que, en la última década, las orientaciones en el resto de los ejes han sido poco claras.
Pero, ¿qué es lo que se ha logrado?, y ¿qué falta por hacer?
Lo que hemos logrado y lo que falta de lo ya logrado
1.- La estructura político electoral. Se han formulado reglas que han favorecido la consolidación de la autoridad electoral, la mejor inserción de los partidos políticos en todos los niveles de la vida pública y la ampliación de los canales de representación de la ciudadanía.
A pesar de que el sistema político es cada vez más competitivo, falta avanzar en la imparcialidad de la autoridad electoral, la regulación sobre el financiamiento partidario y el mejoramiento de las reformas en materia de medios de comunicación. Falta también avanzar en la reforma de la autoridad electoral con el objetivo de reducir su costo sin perder su eficiencia y abrir la puerta a las candidaturas independientes bajo el principio de equidad.
Por otra parte, el debate sobre la implementación de los mecanismos de democracia directa no debe de estar ajeno a la Reforma del Estado: el referéndum, plebiscito y la iniciativa popular deben de ser considerados como una oportunidad de enriquecimiento de la participación ciudadana.
2.- Derechos Humanos. Se ha logrado la sistematización del irrestricto respeto a los derechos humanos a partir de la independencia de sus órganos de protección y el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales que se contemplan en la Constitución.
Falta avanzar sobre la actualización de los derechos sociales y la incorporación de los derechos denominados de tercera generación. Mención especial merece la necesidad de generar marcos jurídicos que regulen los derechos de las etnias o promuevan su armonización con el derecho estatal.
Asignaturas Pendientes
3.- Relación entre Economía y Estado. Se requiere formular reglas que combinen la garantía de una economía abierta con la claridad en el cumplimiento de las obligaciones sociales y económicas del Estado. El Estado parece haber abandonado la obligación de crear condiciones adecuadas para establecer un sistema económico y social más justo.
4.- Federalismo. En el plano del federalismo y la autonomía municipal, en el diseño debe considerarse la posibilidad del federalismo mismo que a su vez posibilite la armonización y desarrollo de las distintas regiones de la República. Es necesario cambiar el actual esquema de sujeción de los estados respecto a la Federación, sobre todo en materia financiera y política respondiendo también a nuevos fenómenos como el de las zonas metropolitanas.
5.- Equilibrio entre Poderes. Es necesario establecer mecanismos que incentiven la cooperación entre el Congreso y el Ejecutivo para evitar las situaciones de empate que demoran la toma de decisiones. Debatir sobre la conveniencia de reelección en el caso de legisladores de la Unión y devolver a las entidades federativas la facultad de decidir sobre esa alternativa en su propio ámbito territorial. Por otra parte, es necesario fortalecer el poder Judicial para reducir la injerencia de los otros poderes.
¿Un cambio de régimen?
No obstante existe una institución que exige un estudio más a fondo, la institución presidencial respecto a la su interacción con otros poderes.
La discusión constitucional sobre un posible cambio de régimen hacia un sistema presidencial modificado, parlamentario o semipresidencial, es el planteamiento de la Reforma del Estado que debe de abordarse con mayor profundidad ya que representaría una solución integral a los retos que enfrenta México y enfrentará en un futuro.
Alonso Ronald Ortiz García
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lunes, 18 de julio de 2011
Política y políticas
La legitimidad de la burocracia deriva de su carácter presuntamente apolítico. El término políticas (policy) se convierte en una expresión de racionalidad política. Disponer de una política es tener razones o argumentos racionales que incluyen tanto la presunción de que se comprende un problema como de que se tiene una solución. Pone sobre la mesa el problema y las medidas que deben tomarse.
En consecuencia, el concepto de políticas como un producto o una plataforma desarrolló una connotación neutral. En la teoría administrativa estadounidense, políticas (policy) y política (politics), son dos términos absolutamente distintos. Así, el lenguaje y la retórica de las políticas se convirtió en el principal instrumento de racionalidad política. Según la observación de Lasswell (1951):
“La palabra políticas (policy) se usa comúnmente para designar las elecciones más importantes, ya sea en la vida organizada o en la vida privada (…) esta palabra carece de muchas connotaciones indeseables agrupadas en torno al adjetivo político (politics), que con frecuencia parece implicar partidismo o corrupción”.
A pesar de formarse en el juego del poder (política), se espera que el político disponga de políticas públicas al igual que se espera que una tienda cuente con productos.
En consecuencia, el concepto de políticas como un producto o una plataforma desarrolló una connotación neutral. En la teoría administrativa estadounidense, políticas (policy) y política (politics), son dos términos absolutamente distintos. Así, el lenguaje y la retórica de las políticas se convirtió en el principal instrumento de racionalidad política. Según la observación de Lasswell (1951):
“La palabra políticas (policy) se usa comúnmente para designar las elecciones más importantes, ya sea en la vida organizada o en la vida privada (…) esta palabra carece de muchas connotaciones indeseables agrupadas en torno al adjetivo político (politics), que con frecuencia parece implicar partidismo o corrupción”.
A pesar de formarse en el juego del poder (política), se espera que el político disponga de políticas públicas al igual que se espera que una tienda cuente con productos.
sábado, 9 de julio de 2011
Digamos sí a la asociación intermunicipal
El 8 de julio pasado presente en el Congreso del Estado de Yucatán una ponencia a favor de la asociación intermunicipal como oportunidad para el desarrollo.
Reproduzco a continuación dicha ponencia…
En esta exposición intentaré ofrecer un panorama general sobre el tema de la asociación intermunicipal en base a cinco ideas, cinco reflexiones con relación a lo que hay que tener en cuenta en la revisión de los aspectos legislativos del desarrollo regional, y particularmente del desarrollo de los municipios asociados.
La primera idea es: lo asociativo no mata lo local. ¿Qué quiero decir con esto?
Los estados y los municipios tienen atribuciones y funciones establecidas por la Constitución y por las leyes particulares, definidas y funcionales en sí mismas, por lo que el hecho de que exista una dimensión asociativa entre municipios, no afecta de ninguna manera su autonomía o autoridad, simplemente se refiere a un fenómeno distinto, es un fenómeno nuevo que no existía en 1917 cuando se redactó la Carta Magna y que está afectando a una proporción muy grande de la población en todo el país.
La segunda es: los municipios, nuestros municipios, enfrentan muchos retos.
a).- Falta de autonomía fiscal, b).- Incapacidad de llevar a cabo reformas administrativas por sí mismos, c).- Falta de coordinación horizontal y vertical entre los tres niveles políticos, d).- Imposibilidad de una planeación estratégica de largo plazo, e) Imposibilidad de diseñar y estructurar proyectos sustentables de impacto económico y social y f).- Una ineficiente organización municipal. “Mérida por ejemplo enfrenta junto con sus municipios conurbados problemas como la deficiente recolección de basura y disposición de la misma, y una severa contaminación del agua (…) debería tener sentido para los gobiernos municipales de la región metropolitana de Mérida, conformar un Consejo de Planeación Regional para encargarse de estos y otros asuntos” (O.C.D.E. 2007: 204).
La tercera idea es: los servicios públicos son responsabilidad de todos. Es decir:
NO podemos clasificar los servicios y asignarlos a distintos ámbitos de gobierno.
No podemos afirmar por ejemplo, que el agua sea un tema federal y el transporte estatal o cosas por el estilo. Hay problemas de servicios en los distintos ámbitos de gobierno, simplemente el grado de complejidad es diferente y a las instancias asociativas, en el caso del agua o del transporte, por ejemplo, debieran corresponderle solamente las grandes políticas, probablemente las grandes acciones en términos de obras de infraestructura y nada más; ya lo que se refiere a la operación local, a la distribución a nivel domiciliario o de colonias, le corresponde a las otras instancias de gobierno. Es un problema de coordinación y de concurrencia que debe quedar claramente definido en las leyes correspondientes.
En consecuencia un estudio de la OCDE de 2007 plantea que: “la asociación municipal en Yucatán puede ser no sólo la forma más eficiente, sino quizá la única forma para muchas comunidades de recibir servicios públicos”
La cuarta idea es: la flexibilidad es una oportunidad.
La falta de cooperación vertical y horizontal en Yucatán se debe a los rígidos marcos legales y normativos. Sin embargo, muchas políticas existentes a nivel estatal y municipal replican esta inflexibilidad.
“En la medida de lo posible, los funcionarios deben de utilizar los recursos del Gobierno del Estado para romper este ciclo de inflexibilidad, proveyendo incentivos financieros para alentar y mejorar la coordinación y la colaboración entre los municipios en todos los problemas que van más allá de sus límites… Una posible estrategia… requiere que dos o más municipios trabajen juntos por un proyecto común para obtener fondos gubernamentales” ( O.C.D.E. 2007: 204 ).
La última idea: políticas públicas asociativas para el desarrollo.
La coordinación de la política de desarrollo debe partir de una visión integral de los procesos municipales y por lo tanto, de una visión integral de las políticas e instrumentos de gestión que pasa por la configuración de políticas para el desarrollo desde el diseño e implementación de acuerdos intermunicipales.
Sin olvidar la planeación participativa… la integración de una eficiente cartera de proyectos y de instrumentos participativos que garanticen en el largo plazo la continuidad de los acuerdos sociales alcanzados en el proceso.
En este sentido, la asociación intermunicipal debe garantizar la congruencia en las acciones y esfuerzos realizados en cada localidad por los diferentes órdenes de gobierno, dar congruencia a las intervenciones en materia de políticas públicas y permitir integrar, de manera equitativa y sustentable, las distintas regiones de nuestro Estado.
Así, deben establecerse instrumentos de coordinación, cooperación, concertación y gestión, basados en la asociación intermunicipal, que permitan la construcción de una nueva institucionalidad territorial, a través la planificación, inversión y evaluación de las políticas públicas de desarrollo.
En síntesis:
La asociación intermunicipal es necesaria, es una oportunidad de mejorar los servicios públicos pero sólo será funcional si se generan las condiciones suficientes para ampliar las capacidades de los municipios a través de mecanismos flexibles y participativos instrumentando políticas públicas para el desarrollo e incentivos claros para fomentar la asociación, como la creación de fondos concurrentes y Consejos de Planeación Regionales.
Porque el desarrollo nos espera, digamos sí a la asociación intermunicipal.
Reproduzco a continuación dicha ponencia…
En esta exposición intentaré ofrecer un panorama general sobre el tema de la asociación intermunicipal en base a cinco ideas, cinco reflexiones con relación a lo que hay que tener en cuenta en la revisión de los aspectos legislativos del desarrollo regional, y particularmente del desarrollo de los municipios asociados.
La primera idea es: lo asociativo no mata lo local. ¿Qué quiero decir con esto?
Los estados y los municipios tienen atribuciones y funciones establecidas por la Constitución y por las leyes particulares, definidas y funcionales en sí mismas, por lo que el hecho de que exista una dimensión asociativa entre municipios, no afecta de ninguna manera su autonomía o autoridad, simplemente se refiere a un fenómeno distinto, es un fenómeno nuevo que no existía en 1917 cuando se redactó la Carta Magna y que está afectando a una proporción muy grande de la población en todo el país.
La segunda es: los municipios, nuestros municipios, enfrentan muchos retos.
a).- Falta de autonomía fiscal, b).- Incapacidad de llevar a cabo reformas administrativas por sí mismos, c).- Falta de coordinación horizontal y vertical entre los tres niveles políticos, d).- Imposibilidad de una planeación estratégica de largo plazo, e) Imposibilidad de diseñar y estructurar proyectos sustentables de impacto económico y social y f).- Una ineficiente organización municipal. “Mérida por ejemplo enfrenta junto con sus municipios conurbados problemas como la deficiente recolección de basura y disposición de la misma, y una severa contaminación del agua (…) debería tener sentido para los gobiernos municipales de la región metropolitana de Mérida, conformar un Consejo de Planeación Regional para encargarse de estos y otros asuntos” (O.C.D.E. 2007: 204).
La tercera idea es: los servicios públicos son responsabilidad de todos. Es decir:
NO podemos clasificar los servicios y asignarlos a distintos ámbitos de gobierno.
No podemos afirmar por ejemplo, que el agua sea un tema federal y el transporte estatal o cosas por el estilo. Hay problemas de servicios en los distintos ámbitos de gobierno, simplemente el grado de complejidad es diferente y a las instancias asociativas, en el caso del agua o del transporte, por ejemplo, debieran corresponderle solamente las grandes políticas, probablemente las grandes acciones en términos de obras de infraestructura y nada más; ya lo que se refiere a la operación local, a la distribución a nivel domiciliario o de colonias, le corresponde a las otras instancias de gobierno. Es un problema de coordinación y de concurrencia que debe quedar claramente definido en las leyes correspondientes.
En consecuencia un estudio de la OCDE de 2007 plantea que: “la asociación municipal en Yucatán puede ser no sólo la forma más eficiente, sino quizá la única forma para muchas comunidades de recibir servicios públicos”
La cuarta idea es: la flexibilidad es una oportunidad.
La falta de cooperación vertical y horizontal en Yucatán se debe a los rígidos marcos legales y normativos. Sin embargo, muchas políticas existentes a nivel estatal y municipal replican esta inflexibilidad.
“En la medida de lo posible, los funcionarios deben de utilizar los recursos del Gobierno del Estado para romper este ciclo de inflexibilidad, proveyendo incentivos financieros para alentar y mejorar la coordinación y la colaboración entre los municipios en todos los problemas que van más allá de sus límites… Una posible estrategia… requiere que dos o más municipios trabajen juntos por un proyecto común para obtener fondos gubernamentales” ( O.C.D.E. 2007: 204 ).
La última idea: políticas públicas asociativas para el desarrollo.
La coordinación de la política de desarrollo debe partir de una visión integral de los procesos municipales y por lo tanto, de una visión integral de las políticas e instrumentos de gestión que pasa por la configuración de políticas para el desarrollo desde el diseño e implementación de acuerdos intermunicipales.
Sin olvidar la planeación participativa… la integración de una eficiente cartera de proyectos y de instrumentos participativos que garanticen en el largo plazo la continuidad de los acuerdos sociales alcanzados en el proceso.
En este sentido, la asociación intermunicipal debe garantizar la congruencia en las acciones y esfuerzos realizados en cada localidad por los diferentes órdenes de gobierno, dar congruencia a las intervenciones en materia de políticas públicas y permitir integrar, de manera equitativa y sustentable, las distintas regiones de nuestro Estado.
Así, deben establecerse instrumentos de coordinación, cooperación, concertación y gestión, basados en la asociación intermunicipal, que permitan la construcción de una nueva institucionalidad territorial, a través la planificación, inversión y evaluación de las políticas públicas de desarrollo.
En síntesis:
La asociación intermunicipal es necesaria, es una oportunidad de mejorar los servicios públicos pero sólo será funcional si se generan las condiciones suficientes para ampliar las capacidades de los municipios a través de mecanismos flexibles y participativos instrumentando políticas públicas para el desarrollo e incentivos claros para fomentar la asociación, como la creación de fondos concurrentes y Consejos de Planeación Regionales.
Porque el desarrollo nos espera, digamos sí a la asociación intermunicipal.
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